Prevención de blanqueo de capitales
Régimen legal de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) que obliga a determinados profesionales, entre ellos notarios y agentes inmobiliarios en los supuestos legales, a aplicar diligencia debida, análisis de riesgo y obligaciones de información.
QUÉ SIGNIFICA
La Ley 10/2010 no impone un único “checklist” idéntico a todas las operaciones. Parte de la identificación formal del cliente y, cuando corresponda, del titular real; exige conocer el propósito e índole de la relación de negocios y aplicar seguimiento o medidas reforzadas en función del riesgo. Notarios y registradores son sujetos obligados; también lo son los promotores inmobiliarios y quienes ejercen profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en compraventas de inmuebles.
Cuando una operación presenta elementos que pueden estar relacionados con blanqueo o financiación del terrorismo, el sujeto obligado debe realizar el examen especial previsto legalmente. Si tras ese análisis existe indicio o certeza, procede la comunicación por indicio al Sepblac. La ley regula además supuestos de abstención de ejecución y, específicamente para notarios, considera justa causa para negar la autorización o abstenerse la concurrencia de varios indicadores de riesgo del órgano centralizado de prevención o un indicio manifiesto de simulación o fraude de ley.
La diligencia debida no equivale a acusar al cliente de delito. Es un sistema preventivo basado en riesgo, documentación, coherencia económica y trazabilidad.
QUÉ NO ES / NO CONFUNDIR
No es una presunción de criminalidad del cliente, ni se limita a pedir DNI, ni permite recopilar documentación ilimitada sin finalidad y proporcionalidad.
CUÁNDO APARECE / CÓMO SE USA
Altas y operaciones de clientes, compraventas, estructuras societarias, movimientos de fondos y otras relaciones sujetas a la Ley 10/2010.
REQUISITOS / REGLAS
Identificar, conocer titular real y propósito cuando proceda, aplicar medidas proporcionadas al riesgo, examinar operaciones relevantes y cumplir las obligaciones de información/abstención legalmente previstas.
DOCUMENTACIÓN / CÓMO SE ACREDITA
Documentación identificativa y societaria, titularidad real, actividad económica y, según riesgo, evidencias sobre procedencia/origen de fondos, finalidad y estructura de la operación.
EFECTOS / CONSECUENCIAS
Puede obligar a ampliar diligencia, documentar examen especial, comunicar por indicio, aplicar medidas de mitigación o abstenerse/denegar autorización en los casos legalmente previstos.
DIFERENCIAS CON CONCEPTOS PRÓXIMOS
PBC/FT = marco legal preventivo; KYC = práctica operativa de conocimiento del cliente; identificación = quién interviene; titular real = quién posee/controla en último término; origen de fondos = procedencia económica.
POR QUÉ TE IMPORTA
Porque afecta directamente a la documentación que puede pedir una inmobiliaria o notaría, a la identificación de sociedades y fondos y, en determinados casos, a si una operación puede ejecutarse o autorizarse.
EJEMPLO PRÁCTICO
Una sociedad compra un inmueble mediante fondos procedentes de varias cuentas. El sujeto obligado identifica cliente, representante y titular real, analiza finalidad y coherencia de la operación y solicita evidencias adicionales si el riesgo lo exige. Una anomalía no se comunica automáticamente: antes se realiza el examen especial legalmente previsto.
DEPENDE DE
Del tipo de sujeto obligado, cliente, producto u operación, país, estructura societaria, forma de pago, perfil de riesgo e indicadores aplicables.
ERRORES FRECUENTES
Aplicar el mismo formulario a todos los clientes; confundir una alerta con una comunicación automática; avisar al cliente de una comunicación por indicio; creer que enseñar un DNI agota las obligaciones.
OJO CON ESTO
No existe una regla universal de “hay que justificar cada euro de la misma manera”. La intensidad depende del riesgo, pero las medidas legales obligatorias no pueden omitirse cuando concurren sus presupuestos.